Sólo podrían bajar sueldo a juzgadores que llegaron al cargo después de 2010

Tiene que aplicarse estrictamente el artículo tercero transitorio, el cual señala que un año después de aprobada la reforma constitucional, es decir, a partir de 2010, ya se aplicaría la restricción de que nadie puede ganar por encima de lo que gana el Presidente de la República.

Entonces, ahí nosotros seremos cuidadosos en que se respete esta disposición por parte de los jueces, ministros y magistrados que hayan sido instalados después de 2010, eso está claro y hay una coincidencia de que todos tenemos que respetar la ley, la Constitución.

–¿Qué trato hay con los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN)?

–Hay dos recursos de reclamación, uno por parte de la Cámara de Senadores y otro por la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República. Nosotros decidimos no hacer una reclamación a la SCJN porque sabemos que está a punto de finalizar su periodo, que es el 15 de diciembre, por tanto pues no se va a resolver antes del proceso de aprobación del Presupuesto de Egresos.

También, como lo dijimos al principio, la suspensión no nos complica en nada la elaboración del Presupuesto de Egresos, porque tenemos los textos constitucionales, el 127, el 94, el 75, para poder elaborar nosotros el presupuesto y hacer la determinación, de acuerdo a la ley, de todo el tema de sueldos y remuneraciones. Y ahí insistimos, por primera vez en nueve años se va a respetar el texto constitucional, específicamente el 127, donde nadie puede ganar por encima de lo que gana el Presidente de la República.

–¿Qué acuerdo alcanzaron con los ministros?

–No, no fue ningún acuerdo, fue un acercamiento que tuvimos, les dejamos muy en claro que no estamos en contra de la Corte, no hay una disputa contra ellos; estamos, sí, comprometidos con la política de austeridad republicana del Presidente de la República, y la vamos a llevar a cabo, respetando por supuesto la ley.

La disputa política está en otro lado, está con los partidos que defienden un régimen de excesos y privilegios, como lo son el PAN, el PRI, el PRD y Movimiento Ciudadano, que son los que metieron la acción de inconstitucionalidad ante la Corte.

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